Resumen Ejecutivo Resolución 13-2026 del Mincin – “Mercado de Abasto.CU”

I. Naturaleza y ámbito de aplicación

La Resolución 13/2026 del MINCIN (GOC-2026-422-EX84), publicada el 4 de agosto de 2026, crea el Mercado de Abasto como un espacio de comercialización mayorista de carácter abierto, donde confluyen actores públicos, privados, cooperativos, productores locales, importadores y formas de inversión extranjera. Su objeto es reordenar el comercio mayorista cubano, facilitando el acceso directo a insumos, materias primas, alimentos y productos de alta demanda, bajo reglas de oferta y demanda.

II. Elementos más relevantes para el sector privado

1. Participación plural y no discriminatoria
   • Pueden operar en el Mercado empresas estatales, formas de gestión no estatal (MIPYMES, cooperativas, trabajadores por cuenta propia), productores nacionales, importadores y modalidades de inversión extranjera (art. 2).
   • No se exige requisito de membresía obligatoria; se incentiva un sistema de socios con descuentos (art. 7.c).

2. Operación en moneda dual
   • Las transacciones podrán realizarse en pesos cubanos (CUP) y en divisas (art. 7.d), lo que permite a los actores privados operar con moneda extranjera de manera expresa, sin ambigüedades normativas.

3. Digitalización y facturación electrónica
   • Se exige facturación en el proceso de venta (art. 7.e) y se garantizan pagos electrónicos, incluyendo pagos desde el exterior (art. 7.f-g), lo que habilita el comercio electrónico transfronterizo y la bancarización forzosa pero ordenada.

4. Flexibilidad logística y de formatos
   •  Se admiten ventas al por mayor con lotes o cantidades mínimas definidas por el comercializador (art. 7.b), lo que otorga autonomía al vendedor para segmentar su oferta.
   •  Se prioriza la reducción de costos de “última milla” y la logística reversa (art. 7.a y h), alineándose con buenas prácticas de cadena de suministro.

5. Gestión descentralizada
   • La administración del Mercado puede ser ejercida por uno o varios actores (art. 5), y la entidad gestora fija las reglas contractuales y servicios logísticos (art. 6), lo que abre posibilidades de autogestión privada o mixta.

III. Principales beneficios para el sector privado

• Acceso directo a insumos y materias primas sin intermediación estatal obligatoria, reduciendo costos y tiempos.
• Posibilidad de importar y comercializar en condiciones de igualdad con el Estado, siempre que se cumplan las normas aduaneras y cambiarias.
• Escalabilidad operativa al poder vender al por mayor a otras MIPYMES o cuentapropistas, generando economías de escala (es la ventaja que tiene una empresa cuando produce más cantidad, logrando que el costo por unidad (costo medio) sea más bajo).
• Incentivos a la formalización mediante facturación electrónica y membresías, lo que mejora el acceso al crédito y a seguros.
• Apertura a pagos internacionales, facilitando la participación de inversores extranjeros y el cobro de exportaciones.
• Flexibilidad locacional (zonas urbanas y suburbanas con buen acceso vial) que favorece la logística y la afluencia de clientes (art. 4).

IV. Retos y riesgos jurídico-económicos

1. Falta de reglamentación detallada
   • La Resolución es de carácter general; quedan sin definir aspectos críticos como:
     • Requisitos de inscripción o licencias para operar.
     • Criterios de fijación de precios en divisas (control cambiario).Mecanismos de solución de controversias entre actores.
     • Relación con la legislación tributaria y aduanera vigente (ej. Tratamiento del impuesto o aranceles).

2. Riesgo de concentración de poder
   • La entidad gestora (que puede ser estatal o mixta) tendrá amplias facultades contractuales, lo que podría generar condiciones desiguales si no se garantiza transparencia en el acceso y en la fijación de tarifas de servicios logísticos.

3. Incertidumbre cambiaria y contable
   • Operar en CUP y divisas exige un manejo dual que puede afectar la estabilidad financiera de los pequeños actores, sobre todo ante fluctuaciones del tipo de cambio no oficial.

4. Exigencias tecnológicas y de infraestructura
   • La obligatoriedad de pagos electrónicos y facturación digital implica inversión en equipos y conectividad, lo que puede ser una barrera para microempresas rurales o con bajo capital.

5. Control y supervisión discrecional
   • Los directores provinciales y municipales de Comercio tienen facultades de seguimiento y control (Disposición Final Primera), sin que se especifiquen límites ni procedimientos, lo que abre espacio a interpretaciones discrecionales.

6. Compatibilidad con otras normativas
   • No se menciona la relación con el Decreto-Ley de Inversión Extranjera, la Ley de MIPYMES ni la normativa de contratación pública, generando posibles conflictos de competencia.

V. Recomendaciones estratégicas

Para actores privados:

• Constituir consorcios o asociaciones para negociar colectivamente con la entidad gestora.
• Preparar sistemas de facturación y contabilidad en moneda dual desde la entrada en vigor.
• Realizar análisis de viabilidad logística en las ubicaciones previstas.

Para el regulador:

• Emitir normas complementarias que clarifiquen: procedimiento de inscripción, régimen de precios, arbitraje, y régimen sancionador.
• Establecer un observatorio de precios y condiciones para evitar abusos de posición dominante.

Para el asesor legal:

• Revisar contratos tipo y cláusulas de responsabilidad, garantías y rescisión.
• Evaluar la exposición al riesgo cambiario y proponer coberturas financieras permitidas.

Vigencia: La Resolución entra en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial (4 de agosto de 2026). Su aplicación inmediata exige una rápida adaptación operativa y legal por parte de los actores privados interesados en aprovechar este nuevo canal mayorista.

Recomendación: Para consultas adicionales o asesoría personalizada, se recomienda solicitar criterio vinculante a la Dirección Jurídica del Ministerio del Comercio Interior.

Elaborado por:

Lic. Pedro Luis Landestoy González. Secretario de Gestoría Confías, SRL